La sombra del software espía Pegasus vuelve a planear sobre las relaciones entre España y Marruecos. Una nueva investigación coordinada por la red Forbidden Stories, en la que han participado El Confidencial y otros 14 medios europeos, desvela que Rabat desplegó una vasta campaña de ciberespionaje contra cientos de dispositivos con números españoles mucho antes de que se confirmaran las intrusiones en los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros.

Entre mayo de 2018 y junio de 2019, se registraron 768 intentos de ataque dirigidos contra 250 teléfonos móviles. Estos esfuerzos de infiltración fueron orquestados por la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí, bajo la dirección de Abdellatif Hammouchi. Según la investigación impulsada por el juez José Luis Calama, esta actividad formaba parte de una estrategia más amplia que buscaba monitorizar a figuras de interés para el reino alauí, desde líderes saharauis y periodistas críticos hasta miembros de las fuerzas de seguridad españolas.

Objetivos diversos y alcance del espionaje

El alcance de esta red de vigilancia fue considerable. En la lista de objetivos no solo figuran ciudadanos marroquíes residentes en España, sino también cargos públicos como el coronel de la Guardia Civil Alberto Aguilera, quien sufrió cinco intentos de infección en marzo de 2019 mientras lideraba los servicios de información del cuerpo en Cataluña.

La sofisticación técnica del malware israelí, desarrollado por NSO Group, permitía la intrusión silenciosa sin necesidad de interacción por parte de la víctima. Según el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, que proporcionó apoyo técnico a los periodistas, los datos recopilados apuntan a intentos de infección, subrayando que la confirmación forense de una intrusión exitosa requiere un análisis detallado de cada dispositivo.

Silencio gubernamental y tensiones diplomáticas

A pesar de las evidencias, el Reino de Marruecos ha negado sistemáticamente el uso de Pegasus y ha emprendido acciones legales contra diversos medios de comunicación internacionales que han documentado estas prácticas. En España, el Gobierno ha mantenido una postura prudente, evitando confrontaciones directas con Rabat a pesar de la gravedad de los hechos revelados anteriormente sobre el espionaje a Moncloa.

El manejo de esta crisis ha sido objeto de debate político. El ministro de Defensa, en mayo de 2021, recordó que Félix Bolaños era, en su etapa como secretario general de la Presidencia, el responsable de la seguridad de las comunicaciones, una cuestión que el ahora ministro eludió. Según los datos obtenidos por el consorcio periodístico, la campaña de espionaje marroquí, que afectó a más de 12.000 dispositivos en una veintena de países, continuó activa hasta finales de 2021, fecha en la que cesó el seguimiento a los teléfonos de Sánchez tras el estallido internacional del escándalo.

A fecha de cierre de este artículo, ni el Gobierno español ni las autoridades marroquíes han ofrecido declaraciones sobre estos nuevos hallazgos, que reavivan la polémica sobre la soberanía digital y las vulnerabilidades de la seguridad nacional ante el uso de tecnologías de espionaje avanzadas.

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